Durante el verano de 1936, tras el triunfo de la sublevación militar en una parte de nuestra provincia y con la consolidación del dominio de los efectivos armados sobre todo el territorio, bajo uno u otro signo, se desató una fuerte represión que se cebaría sobre la indefensa población civil. En la parte oriental de la provincia, en la que no había triunfado la sublevación, la llegada de columnas de milicias impondría un terror arbitrario que se concentraría en aquellos elementos de la población que el ideario revolucionario identificaba con el poder y las estructuras del antiguo régimen, dando lugar al asesinato de los miembros de la derecha local y de religiosos, y a la quema de iglesias o de los registros municipales.

En la parte occidental de la provincia, incluida la capital, el triunfo de la sublevación propició la represión sistematizada de todos los partidarios de la República, autoridades civiles o militares, representantes y miembros de organizaciones políticas y sindicales, funcionarios, profesionales liberales o maestros que habían difundido las ideas democráticas del nuevo régimen republicano.

En ambos casos, entre las víctimas no faltaron aquellos que fueron objeto de denuncias de particulares, movidos por afanes oscuros, envidias o venganzas.

Tras imponerse la sublevación en Teruel, los partidarios de la República fueron encarcelados en el Seminario. En un primer momento, los jefes de la Columna Casas Sala o Fernández Bujanda, que habían sido capturados tras los sucesos de la Puebla de Valverde, serían sometidos a un Consejo de Guerra y fusilados en las tapias del cementerio de Teruel. Otros prisioneros destacados serían víctimas de aquella represión a lo largo del verano de 1936.

Hacemos notar un episodio ocurrido el 26 de agosto de 1936, en el que trece de los prisioneros serían conducidos hasta la plaza del Torico, y en medio de una multitud, asesinados en la cuesta de San Pedro.

A partir de ese momento se harían habituales las “sacas” y muchos prisioneros, con el pretexto de ser conducidos a Zaragoza, serían trasladados en camiones hasta los pozos de Caudé, donde serían fusilados y arrojados al pozo. Desde los pueblos más próximos a Teruel, como Cella o Villarquemado, también sería trasladado hasta este lugar un numeroso grupo de vecinos con el mismo fin.

Se calcula que 1.005 hombres y mujeres fueron los muertos causados por la represión nacional en la provincia de Teruel, cifra que se refleja en el monumento, aunque esta cifra podría elevarse a 1.288 contabilizando a los represaliados en la inmediata posguerra, de los que 306 residían en la capital.

Las víctimas de la represión republicana, tras la entrada de las tropas gubernamentales en Teruel con motivo de la batalla del invierno de 1937-1938, se estima en 153 hombres y mujeres.